Jujuy: Pueblos Indígenas Exigen La Derogación De La Ley 5915 De Servidumbre En Tierras Comunitarias  

En la localidad de Angosto El Perchel los días 20 y 21 de Setiembre se realizó el XVII Parlamento del Pueblo Qullana Aymara ( P.P.Q.A),  en el  departamento de Tilcara,  provincia de Jujuy.  Este parlamento fue organizado por la Comunidad Indígena Angosto El Perchel, se hicieron presentaciones de propuestas en lo político, social y económico a cargo de su autoridad máxima el Capac mallku Maxi Paredes y el Jacha mallku  Apolinar Apaza.

El Parlamento viene realizando estas asambleas en distintas regiones del norte de Chile, Argentina, en Perú y Bolivia. Estos parlamentos se realizan en el marco de los objetivos del (P.P.Q.A),  respecto a los intereses de los pueblos indígenas en lo concerniente a tierra, territorio, recursos naturales, autogobierno, autodesarrollo indígena, educación superior y economía.

En el Parlamento Qullana Aymara abordaron diferentes temas y el de mayor urgencia fue el interés  de las comunidades indígenas de volver a  exigir al  gobernador de la provincia de Jujuy  Gerardo Morales la derogación de la ley 5915.  En una entrevista realizada a Raúl Sajama integrante de la Comunidad Indígena de Angosto El Perchel expresó que “el interés de las comunidades indígenas es la derogación de la ley 5915, hay una decisión de rechazar tajantemente esta ley por cuanto la misma viola leyes de la nación argentina y la misma constitución nacional”.

Raúl Sajama expresa también que ya vienen haciendo presentaciones a la legislatura, al gobernador de la provincia, al vice gobernador, a fiscalía de estado, al defensor al pueblo de la provincia, sin obtener ninguna respuesta.  Esta insistencia en derogar la ley es un demanda que vienen gestionando desde el mes de mayo,  y en una asamblea realizada a fines de agosto en Maimara se decidió presentar la demanda en contra de esta ley 5915 ante el Defensor del Pueblo de la Nación “porque se está violando normas legales de derechos de pueblos indígenas, se está violando el artículo 6º de la ley 24.071, cuando se ha considerado aplicar la servidumbre a un territorio de comunidades indígenas están violando el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el cual menciona que el territorio de los pueblos indígenas no pueden ser  objeto de gravamen alguno, y la ley 5915 habla de gravámenes en territorios indígenas. Hay bastantes cuestiones que en el fondo afecta nuestros derechos, si esta ley sigue vigente va a traer muchos problemas y conflictos. Se está perjudicando arteramente a las comunidades con esta ley porque vemos que de alguna manera u otra, el gobierno está buscando no efectuar la consulta, en un gobierno que creíamos que la democracia iba a ser una práctica común, esto parece una dictadura.  No puede haber una ley en la cual directamente nos sacan a un costado, mediante esta ley se evitan de tener que tratar con las comunidades indígenas donde el estado o las empresas tengan que consultar cuando tengan que hacer algún emprendimiento que afecte a los pueblos.”

Federico Mamani representante de la Comunidad Indígena de Casira también manifiestó su desacuerdo con la ley “expreso mi disconformidad con el gobierno en el tema de territorio y con la ley 5915 no estamos de acuerdo en nuestra comunidad, nos están mintiendo desde hace años. Nosotros somos dueños ancestrales de nuestros territorios hace miles de años, primero que no hicieron la consulta libre, previa e informada, segundo que están violando el convenio 169, el articulo 75 inciso 17 de la constitución nacional, entonces estamos disconformes y por eso nos autoconvocamos entre nosotros los hermanos que defendemos derechos indígenas en nuestras comunidades”.

LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 5915 UN ENGAÑO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE FIRMEN SU PROPIA SENTENCIA DE DESALOJO

Los dirigentes indígenas expresan que se están engañando y manipulando a los dirigentes indígenas ya que algunos presidentes de comunidades indígenas están siendo convocados por el gobierno para que aporten en la reglamentación de la ley. Es una clara acción de manipulación y engaño para los dirigentes indígenas, ofreciendo incluso beneficios de momento ante necesidades básicas que tienen las comunidades. Carlos Colque presidente de la Comunidad Aborigen de El Molulo dice “con respecto a todas las presentaciones que hicimos en disconformidad con la ley, no tenemos respuestas. Es más nos enteramos que el estado está llamando, desde la Secretaria de Pueblos Indígenas, a los presidentes de las comunidades para reglamentar la ley, cosa que parezca que las comunidades  reglamenten la ley. Analizando de ese punto de vista es otra falta de respeto, porque después que se reglamente la ley, cuando ocurra algún problema, un despojo, un desalojo en alguna comunidad o pasen cuestiones graves; el estado va a salir a decir que las comunidades la reglamentaron. Prácticamente se están lavando las manos, porque van a salir a decir que las comunidades la están reglamentando, están haciendo que las comunidades firmen su propia sentencia de desalojo, de despojo  de sus comunidades. Creo que eso es algo inmoral, no corresponde y nosotros siempre vamos a estar en contra, porque creemos que lo mejor es que deroguen la ley, es nuestro derecho y la constitución dice claramente que los territorios comunitarios no debe ser susceptible de gravámenes o embargos y la servidumbre es un gravamen”. Carlos Colque expresó que van a seguir defendiendo sus derechos inclusive si es que llegaran a reglamentar esta ley 5915,  van a seguir luchando hasta que la deroguen, siguiendo los distintos pasos de la justicia a nivel nacional e internacional.

Desde el estado  provincial por medio de la Secretaria de Pueblos Indígenas se viene proponiendo la reglamentación de ésta Ley 5915  de Servidumbre sobre Inmuebles de Propiedad Comunitaria, los dirigentes indígenas acusan que se realizan acciones engañosas para que los pueblos indígenas apoyen la reglamentación “evidentemente o nos consideran muy ignorantes ya que nos dijeron que si hacemos la reglamentación, en la reglamentación le vamos a incorporar  todas las observaciones que nosotros hagamos. Pero evidentemente si la ley sigue vigente por más que le hagamos los retoques a la reglamentación no va a cambiar la ley. Nos llama la atención por qué tanto interés del gobernador Morales en mantener una ley, debe ser un interés económico bastante grande, porque pese a las desprolijidades que tiene ésta ley, a las violaciones de derechos que tiene esta ley, se insiste en querer mantenerla y aún  afirmarla, hasta ahora  están buscando el apoyo de las comunidades, no sé con qué argumento. Creo que en el fondo siguen con el proceso de aprovecharse de los desconocimientos legales de estos temas cuando hablan con  las comunidades indígenas, diciéndoles que apoyen esta ley que esta ley los va a beneficiar, cuando es todo lo contrario” manifiesta Raúl Sajama.

Por su parte,  Marcelino Sulca de la comunidad Pan de Azúcar expresa que la reglamentación es un engaño más “ quieren reglamentar la ley engañando, algunos le engañan porque nos saben por su ignorancia, no saben la gente no lee, no se informa, no reflexiona, entonces lo engañan fácilmente. Y otros son vendidos, son cipayos, gente incapaz de buscar un trabajo, de estudiar, de capacitarse, de ampliar su conocimiento y tener una vida mejor. Les parece más fácilmente que le den un trabajito y así hacerse manejar. Yo pienso que si llegan a algún día a reglamentarla (la ley 5915) es una traición, firman su propia sentencia, es como que ellos están cavando su propia fosa para que los entierren. Se van a hacer quitar los territorios, se van a hacer quitar las aguas, los descendientes del futuro van a ser esclavos, realmente es muy triste”.

CUESTIONAMIENTO AL DESEMPEÑO DE NATALIA SARAPURA EN LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN JUJUY

Natalia Sarapura referente del  COAJ Consejo de Organizaciones Indígenas de Jujuy y  ex diputada radical, fue logrando visibilidad en cuanto a expresar su interés en defender los derechos de los pueblos indígenas. Así fue partícipe favorecida  en participar en foros de discusión sobre derechos indígenas en organismos internacionales como la ONU y la OEA . Natalia Sarapura también fue vicepresidente del Fondo Indígena  asumiendo un cargo que implicaba  desarrollar un importante rol en la región de América Latina y el Caribe en cuanto a la promoción de derechos indígenas,   sus acciones en ése espacio y en cumplimiento de ése rol son desconocidas y poco difundidas en Argentina y por ende en la provincia de Jujuy.  En los últimos años,  Sarapura también ocupó espacios privilegiados ya que integra el Consejo Académico de la Universidad Indígena Intercultural, que es un programa emblemático del Fondo Indígena que elabora propuestas de educación superior intercultural. En todos estos roles que suponen un compromiso  con los pueblos indígenas  y que trascienden fronteras jujeñas, se espera que Natalia Sarapura sea coherente con los cargos asumidos a nivel internacional;  pero directamente vuelve a emerger su forma de trabajar con sectores de poder. Natalia Sarapura hasta el presente no se expresó en  contra de la Ley 5915  en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pasa todo lo contrario integrantes de comunidades indígenas dicen que desde la Secretaria están ofreciendo proyectos, planes y otros pequeños beneficios para que los comuneros indígenas firmen y aporten en la reglamentación de la ley 5915.

Integrantes de comunidades indígenas  consideran que su rol hasta el presente fue asistir al gobernador Gerardo Morales  y abrirle el camino al trato con las comunidades,  ya que no fue elegida por la mayoría de las comunidades indígenas. Desde ésta secretaria informan en su página oficial que vienen realizando encuentros  donde “explican y socializan la Ley 5915” a modo de talleres,  como ya lo hicieron con la Red de Comunidades de Yavi Pueblo Kolla, en ése espacio han ido “recepcionando aportes”; pero en ningún momento ésta Secretaria se manifestó públicamente difundiendo los reclamos que varias comunidades indígenas manifiestan en contra de la Ley Nº 5915 .

Esta ley fue aprobada por los legisladores jujeños sin hacer ningún tipo de consulta con las comunidades indígenas,  siendo que los afecta directamente la Ley 5915  se titula  “Ley de Servidumbres Administrativas de Electroducto y Régimen Especial de Constitución de Servidumbres Administrativas Para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica a Partir de Fuentes Renovables sobre Inmuebles de Propiedad Comunitaria”, un título tan largo y desorientador que permite múltiples lecturas y  que en distintas publicaciones mediáticas prefieren publicar denominándola “Ley de Servidumbre Administrativas” para quitar el peso significativo de afectación directa que tiene con los pueblos indígenas,  en nuestro caso como medio de comunicación indígena denominaremos a esta ley “Ley de Servidumbre sobre Inmuebles de Propiedad Comunitaria” para evitar ambigüedades.

Los dirigentes que participaron de la Asamblea del Parlamento Qullana Aymara,  realizado en Perchel los días 20 y 21 de Setiembre, fueron dando sus miradas respecto al desempeño de Natalia Sarapura en la Secretaria de Pueblos Indígenas.  Raúl Sajama de la Comunidad Aborigen de Angosto El Perchel expresó: “La señora Natalia Sarapura fue designada en ése cargo para asistir al gobernador, muchos de los funcionarios dicen, y a veces los hermanos también dicen, que ella va a defender a las comunidades o a los intereses indígenas pero lo que está escrito en su nombramiento es sencillo, ella tiene que asistir al gobernador.  Por eso entendemos lo que está haciendo, ella en ningún momento está  trabajando o tratando de defender los derechos de los pueblos indígenas, o tratando de evitar un perjuicio en contra de las comunidades indígenas. Esta haciendo su trabajo para el cual fue designada, es decir asiste al gobernador en su iniciativas con respecto a los pueblos indígenas”.

Por otro lado, Carlos Colque presidente de la Comunidad Aborigen de Molulo  emite su opinión con respecto a la representante de la Secretaria de Pueblos indígenas: “muchos hermanos indígenas  me estaban diciendo que lo que nosotros estamos haciendo es faltarle el respeto al gobernador. Pero a mí me parece que desde el gobierno nos faltan el respeto, ellos provocaron esto, recuerdo bien cuando Morales  hizo su campaña dijo que va a cumplir la ley, y lo primero que hizo es violar la ley. Y después él habla de gobernar con la noción de pachamama, pero el  gobernador sacó la ley  junto con la Secretaria de Pueblos Indígenas y es una ley anti pachamama, la verdad que no entiendo. Los resultados están a la vista, la Secretaria de Pueblos Indígenas no defiende a las comunidades, anda ofreciendo proyectos, planes, regalías, o limosna a los comuneros para que no firmen la disconformidad de la ley. Algunos comuneros por miedo no hacen su denuncia o la presentación que están en disconformidad con la ley”.

Marcelino Sulca integrante de la comunidad Indígena de Pan de Azúcar del departamento de Rinconada expresa  que  “La Secretaria de Pueblos Indígenas, no representa a los pueblos indígenas, tampoco trabaja para favorecer al área indígena,  Natalia Sarapura es colaboradora neta al gobernador de turno, porque el gobernador la eligió”.

Federico Mamani representante de la comunidad indígena de Casira del departamento de Santa Catalina,  por su parte expresó: “Me parece que la Secretaria de Pueblos Indígenas, la señora Natalia Sarapura miente, en una reunión en Ocumazo en Humahuaca, ella decía que en tema de territorio van a dar pronto los títulos comunitarios, pero al contrario, hicieron una ley en contra las comunidades. Hay algunos hermanos que desgraciadamente no entienden bien la ley. Nosotros somos de miles años, nuestros abuelos lucharon por el territorio, nosotros también vamos a defenderlo”.

Florencia Solís  presidente de la Comunidad Aborigen Puya Puya de Rodeo y Pasajes del departamento de Yavi expresa su opinión con respecto a la Secretaria de Pueblos Indígenas “lo veo como otra burla porque a nuestros derechos como indígenas, porque la secretaria de pueblos indígenas no lo hemos elegido nosotros, ha sido puesta por el gobierno actual. Todo hace el gobernador a espalda de nosotros, sin consultar, sin hacer una convocatoria a los pueblos indígenas, que somos lo que tenemos que decidir para nuestro futuro y para las generaciones que vienen atrás. Es una falta de respeto a los pueblos indígenas porque no consultan nada. Hacen lo que quieren con nosotros, y no estamos de acuerdo con la secretaria porque no la hemos elegido nosotros.”

LA LEY 5915 ABRE CAMINO A LA MINERIA EN TERRITORIO INDIGENA

Gerardo Morales,  luego de asumir como gobernador creó la Secretaría de Pueblos Indígenas, en la página oficial del gobierno expresa que la misma fue creada para “la defensa y la efectivización de sus derechos, la implementación de la interculturalidad, proponiendo políticas públicas al respecto, contribuyendo a una relación equilibrada y armoniosa con la Pachamama, para alcanzar el Buen Vivir”. Desde sus primeras acciones el  gobierno  se manifestó  que trabaja en un plan de gobierno con eje a la Pachamama,  esto también genera graves contradicciones que remarcan los pueblos indígenas, quiénes dicen que el gobernador  no puede decir que su gobierno tiene respeto a la Pachamama cuando hace todo lo contrario. No se puede brindar un apoyo a  los emprendimientos mineros de capitales transnacionales en una provincia que es capital nacional de la minería y a la vez decir que se respeta a la pachamama.

Federico Mamani de la comunidad indígena de  Casira  manifiesta “me parece que el gobierno se está equivocando,  la pachamama para nosotros los originarios, nosotros la respetamos, la veneramos y el gobernador nombra la Pachamama, pero con la ley 5915 nos quiere sacar del territorio, por esa nuestra disconformidad”.

En su artículo 38 la ley 5915 quita  todo derecho a los pueblos indígenas  de reclamar ante espacios territoriales que el estado decidió afectar para la servidumbre, citamos parte del artículo que dice: “Los miembros de la comunidad indígena titular dominial del predio afectado no podrán realizar actos por sí o por terceros que impidan o turben al titular de la servidumbre el libre ejercicio de sus derechos o que pongan en peligro la seguridad de las instalaciones…” .

Distintos artículos de ésta ley manifiestan explícitamente la violación a los derechos de los pueblos indígenas,  los líderes indígenas que conocen en profundidad estos derechos consideran que hay un interés del gobernador a favor de las empresas transnacionales que realicen emprendimientos mineros haciendo uso y abuso de los territorios indígenas, así el artículo 41 de la ley  menciona: “Las disposiciones de la presente Ley, serán aplicables por analogía a los oleoductos, gasoductos y acueductos, debiendo en éstos casos el Poder Ejecutivo Provincial designar el organismo que ejerza como autoridad de aplicación…”.  Marcelino Sulca expresa “Es una ley terrible porque viola la ley de la constitución nacional, viola incluso tratados internacionales, es una ley nefasta que favorece a los grandes empresarios, a la gente de mucho dinero. Abre camino a la minería, porque en su artículo 41 dice todos los principios de la servidumbre será extensible a los oleoductos, gasoductos y acueductos. Quiere decir que ellos en el futuro quieren adueñarse del agua, de todas las aguas, hipotéticamente pueden llevarlos por acueductos, o para envasarlos y venderlos, ya que esta ley va a ser extensible por analogía y por igualdad a esos recursos. Es una ley muy peligrosa, muy dañina, yo voto por la derogación de la ley”.

Federico Mamani de la comunidad indígena de Casira por su parte dice: “Nosotros como defensores de nuestro territorio solicitamos que se derogue la ley, por el bien de las nuevas generaciones, porque si no hay contaminación con la mega minería. Es lamentable lo que está pasando, se están contaminando las napas de agua, a posterior no vamos a poder criar nuestras ovejas, nuestras llamas”.

Florencia Solís vive en la puna jujeña, ella y habitantes de ésa región ven cotidianamente los efectos contaminantes de la minería “la laguna de Pozuelos está totalmente seca y árida, las aves que estaban ahí en la laguna hay una mortandad de aves, porque murieron todos los flamencos, las yaretas, las gaviotas, murieron un montón. Todas las aves que pudieron emigrar se fueron, se salvaron. La causante de tanta muerte es el tema de las minas, hay minas de todos lados alrededor de la laguna y la mina Pan de Azúcar, una mina vieja que no han hecho ningún tipo de saneamiento los gobiernos y que ahora la están por volver a reactivar las minas.  Y otras que están a punto de explotar como Mina Chinchillas. Y otra mina que tenemos es la Mina Pirquitas y como la laguna es endorreica y las aguas vienen ahí de todos los ríos entran a la laguna. Y la contaminación es porque nosotros vivimos ahí de la hacienda, del ganado lanar y camélido, se van muriendo, cuando los animales van a tomar el agua en la laguna mueren. Nadie ha hecho estudio o análisis del agua, pero seguramente está contaminada porque vemos que van los animales toman el agua y se mueren”.

Florencia Solís es testigo habitual de los desastres ecológicos que genera la minería, donde no se hacen saneamientos ambientales y minas como Pan de Azúcar dejaron sus residuos tóxicos. Por otro lado la empresa Silver Estándar invirtión en la Mina Chinchillas que se piensa como alternativa ante el inminente cierre de Mina Pirquitas.

Florencia una mujer que sostiene a su familia con la cría de ganado lanar y camélidos, consciente de lo que significa el buen vivir en armonía con la pachamama expresa: “ no estamos de acuerdo con esa ley 5915. Por un lado el gobernador habla que la provincia es una capital de la minería, pero también dice que es capital de la pachamama. Pero eso es como una burla a la pachamama y que estamos justamente para que se derogue la ley, porque no estamos de acuerdo. Esa ley peor nos va a arruinar porque van a venir empresas transnacionales a donde van a hacer emprendimientos mineros sobre energía eólica y solar y pienso que nos van a perjudicar más todavía, no estamos de acuerdo los lugareños de ahí. Para nosotros la pachamama es verdaderamente madre y es para respetarle, cuidarle y para amarle y no para destrozarla y destruirle como hacen nuestros gobernantes. La ley de servidumbre nos condena a vivir esclavos del gobierno, es como un retroceso para tras, los verdaderos dueños somos nosotros que ciudamos a la pachamama. Crean leyes para tratarnos de convencer para que nosotros estemos siempre a la mano de ellos, en esclavitud”.

Estos reclamos en contra de la ley es una primera etapa y los pueblos indígenas se están organizando para exigir su derogación, más allá de estrategias de medios de comunicación que responden al establishment y más allá de los cuestionamientos a la Secretaría de Pueblos Indígenas, las comunidades originarias de Jujuy harán visibles sus reclamos y lucharán para que se respeten sus derechos, en contra de la ley 5915 y el avasallamiento con los avances mineros, la mayoría de ellos de capital trasnacional.

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